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Sobre La Suspensión De Plazos Administrativos Y Procesales

Sobre la suspensión de plazos administrativos y procesales

1. LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y SU ALCANCE

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de Declaración del Estado de Alarma, establece, en sus Disposiciones Adicionales Segunda y Tercera, la suspensión de los plazos procesales y de los plazos administrativos, respectivamente, durante el tiempo que dure el estado de alarma.

En el caso de los plazos administrativos, se establecen dos clases de excepciones (siguiendo el lúcido artículo de Profesor Diego Gómez), que serían ampliadas y concretadas por el RD 465/2020, de 17 de marzo:

  • Parciales:
    • Bien por exigir resolución motivada: en procedimientos en los que se cuente con el consentimiento expreso del interesado, específicamente con el fin de evitar perjuicios graves en sus derechos e intereses.[1]
    • Bien por la justificación de su finalidad: en los procedimientos referidos a situaciones estrechamente vinculadas al estado de alarma.
  • Totales ope legis:
    • En procedimientos administrativos en materia de seguridad social, en los ámbitos de afiliación, liquidación y cotización
    • En procedimientos administrativos tributarios, sujetos a normativa especial.

 

2. LAS MODIFICACIONES OPERADAS POR LOS RDL 8/2020 Y 11/2020

El régimen de suspensión o ampliación de plazos expuesto ha sido modificado o, más bien, precisado por los RDL 8/2020, de 17 de marzo, e y 11/2020, de 31 de marzo, en los siguientes supuestos:

  • 2.1. En el ámbito tributario:
    El régimen de suspensión se regula en el artículo 33 del RDL 8/2020. De forma sintética y muy elemental, cabe deducir la siguiente regulación:- Quedan suspendidos los trámites a realizar por el interesado y, específicamente, para efectuar pagos a la Administración tributaria, tanto en vía voluntaria como en ejecutiva, hasta el día 30-04-20. De esta forma, se suspende la ejecutividad de las liquidaciones o providencias que ya le hayan sido ya notificadas (a la entrada en vigor del RDL: 17 de marzo) o que lo sean antes de levantarse el estado de alarma y, consiguientemente, el deber de pago del interesado hasta la citada fecha de 30-04-20.[2]– No opera la suspensión para la Administración tributaria. Puede seguir dictando y notificando actos en todos los procedimientos de liquidación, recaudación y cobro de deudas tributarias, con la salvedad de que en el procedimiento de recaudación por la vía de apremio no puede ejecutar garantías sobre bienes inmuebles hasta el 30-04-20.
  • 2.2. En impugnaciones en vía administrativa
    Se regula en la Disposición Adicional Octava del RDL 11/2020, de 31 de marzo. En esencia, el cómputo de plazos de recurso es el siguiente, distinguiendo entre:- Resoluciones en procedimientos tributarios. El plazo (de un mes) para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico-administrativas contra dichas resoluciones empezará a computarse a partir del 30-04-20 con independencia de la fecha de su notificación (y siempre que no hubiera caducado dicho plazo a la fecha de 13 de marzo de 2020, es decir, el día previo a la declaración del estado de alarma).- Resoluciones en el resto de procedimientos administrativos de gravamen para el interesado. Para la interposición de recursos en vía administrativa contra dichas resoluciones “o para instar cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje que los sustituyan”, el plazo de interposición (generalmente, de un mes) se empieza a computar desde el día hábil siguiente al de levantamiento del estado de alarma.

 

3. CUESTIONES QUE SE SUSCITAN

Hecha esta apresurada exposición, se plantean, entre otras, las siguientes situaciones de incertidumbre, especialmente en el ámbito tributario:

  • ¿Qué sucede si en lugar de hacer efectivo el pago, el interesado opta por recurrir la liquidación o providencia aún en plazo de impugnación?
    Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDLeg 2/2004, de 5 de marzo, el interesado tiene el plazo de un mes para recurrir en reposición (generalmente, de carácter potestativo) o mediante reclamación económico-administrativa, pudiendo solicitar en otrosí la suspensión del acto impugnado, con o sin garantía (dependiendo del supuesto).En este caso, el plazo para recurrir sería entre el 30-04-20 hasta el 30-05-20, según la DA 8ª.2 del RDL 11/20. Es decir, no se podría pedir la suspensión con la impugnación del acto tributario hasta el próximo 30 de abril y, sin embargo, la Administración tributaria sigue plenamente operativa para proseguir el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva.Es de suponer que esta interpretación no puede ser congruente con el fin de la norma. Consiguientemente, y con independencia de que se presente el recurso a posteriori, no debería existir impedimento para que, en escrito autónomo, el interesado pudiera pedir la suspensión de la deuda antes del 30-04-20.
  • ¿Qué sucede si se quiere recurrir en vía contencioso-administrativa una resolución, también en plazo de impugnación, de un tribunal económico-administrativo con solicitud de suspensión?
    Según la Disposición Adicional Segunda del RD 463/20, en el caso de resoluciones notificadas durante el estado de alarma (nada lo impide) o con anterioridad pero en plazo de impugnación, el plazo de dos meses para su impugnación judicial con solicitud de suspensión no empieza a computar o no se reanuda hasta el día del levantamiento del estado de alarma.[3]Por su parte, el artículo 233.9 de la LGT establece que la suspensión producida en vía administrativa se podrá mantener, pero con la obligación de que el interesado interponga el recurso contencioso-administrativo con solicitud de medida cautelar de suspensión y se lo comunique a la administración tributaria, justificando dicha interposición y solicitud de suspensión.En este caso, y aunque la administración tributaria tenga la potestad de proseguir en vía ejecutiva el cobro de la deuda sobre la que haya recaído resolución del Tribunal Económico-administrativo en que se imponga su pago, cabe estimar que lo prudente sería que se suspendieran dichos procedimientos de recaudación hasta que finalice, en su caso, el plazo del interesado para interponer recurso contencioso-administrativo con solicitud de suspensión, sin que haya ejercido el citado derecho.

 

4. EPÍLOGO

De momento, dejo aquí las incertidumbres que me suscita la regulación expuesta y asumo que, en un escenario tan cambiante, es presumible que su lectura de estas notas deje de tener interés, sencillamente porque se haya modificado el régimen expuesto. Cualquier crítica será bienvenida.

 

[1] Hay que hacer la observación de que la excepción alcanza sólo a los actos de ordenación e instrucción, pero no de resolución. Situación que puede ser incongruente si se interpretara que no alcanza a una resolución favorable al interesado (p.e. de otorgamiento de una subvención).

[2] Esta suspensión tiene carácter facultativo. El interesado, si quiere, puede atender los pagos o requerimientos de la administración tributaria con anterioridad al 30-04-20. En el caso de las notificaciones en trámite de audiencia que realice el Catastro a partir del 17 de marzo, el plazo de alegaciones se amplía hasta el 20-05-20 (como mínimo, ya que el otorgado puede ser mayor).

[3] Obsérvese que, en el supuesto de impugnación procesal, sí se produce propiamente una suspensión de plazo (más que una interrupción), ya que el mismo se reanuda el día del levantamiento del estado de alarma. No empieza desde cero y en el día hábil inmediatamente posterior, como en el caso de las impugnaciones en vía administrativa.

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