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Rehabilitación Edificatoria Y Propiedad Horizontal

Rehabilitación Edificatoria y Propiedad Horizontal

Ha entrado en vigor, el día 28 de junio de 2013, de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que tiene como objeto el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes.

Para dar cumplimiento a los objetivos expuestos introduce varias modificaciones en textos legalesvigentes, entre ellos la Ley 4/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. Así en la DisposiciónFinal Primera se modifican los artículos 2, 3, 9, 10 y 17 y la disposición adicional de dicha ley.

Entre las variaciones introducidas destaca la del artículo 10, por la cual pasan a tener carácter obligatorio, no requiriendo por tanto de acuerdo previo de la Junta de propietarios, impliquen o no modificación del título constitutivo o de los estatutos, cuando vengan impuestas por las Administraciones Públicas o solicitadas a instancia de los propietarios, las actuaciones encaminadas al mantenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes, incluyendo las necesarias para la seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal, ornato y cualesquiera otras derivadas de la imposición, por parte de la Administración, del deber legal de conservación.

Destacan entre estas la posibilidad de que con  la finalidad de garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal y, en todo caso, las requeridas a instancia de los propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, personas con discapacidad, o mayores de setenta años, con el objeto de asegurarles un uso adecuado a sus necesidades de los elementos comunes, así como la instalación de rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan la orientación o su comunicación con el exterior, siempre que el importe repercutido anualmente de las mismas, una vez descontadas las subvenciones o ayudas públicas, no exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. No eliminará el carácter obligatorio de estas obras el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, sea asumido por quienes las hayan requerido. También se podrán ocupar elementos comunes del edificio o del complejo inmobiliario privado durante el tiempo que duren las obras.

Resulta destacable por lo novedoso la posibilidad de realizar actos de división material de pisos o locales y sus anejos para formar otros más reducidos e independientes, el aumento de su superficie por agregación de otros colindantes del mismo edificio, o su disminución por segregación de alguna parte, cuando tales actuaciones sean posibles a consecuencia de la inclusión del inmueble en un ámbito de actuación de rehabilitación o de regeneración y renovación urbanas. Esta posibilidad se somete a la previa autorización administrativa siempre y cuando así se haya aprobado por las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación.

Vemos como estas modificaciones en el régimen de la propiedad horizontal suponen una considerable variación, flexibilizando y facilitando las intervenciones encaminadas a la mejora y rehabilitación del inmueble, sin que tengan que someterse a la unanimidad de la junta de propietarios, que en muchas ocasiones imposibilitaban el acometimiento de las mismas. Esto abre no solo las posibilidad a la necesaria rehabilitación edificatoria, sino que además, y tal y como se indica en la propia exposición de motivos de la ley, supone un incentivo económico para sectores especialmente castigados por la crisis económica, iniciando un nuevo campo de reconversión del sector inmobiliario y de la construcción.

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